La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de México de despenalizar el aborto a nivel federal ha generado un impulso significativo en la lucha de activistas y organizaciones que durante décadas han abogado por la interrupción segura del embarazo.
En un país mayoritariamente católico, todavía existen desafíos por superar.
A pesar de esta sentencia histórica, los códigos penales de 20 de los 32 estados mexicanos continúan considerando el aborto como un delito, permitiéndolo solo en casos de violaciones, peligro para la vida de la madre o malformaciones graves en el feto.
A partir de 2021, las mujeres que eligen abortar ya no enfrentan detenciones ni juicios gracias a una decisión anterior de la Suprema Corte. No obstante, es esencial que los congresos locales reformen sus códigos penales para habilitar la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales estatales.
La Conferencia del Episcopado mexicano se pronunció en contra de esta nueva sentencia, argumentando que la despenalización del aborto “normaliza la cultura del descarte” y socava los fundamentos del Estado de derecho.
Legislación mexicana sobre el aborto
México posee un marco normativo federal y local en los 32 estados que regula el aborto. El Código Penal Federal estipula sanciones para las mujeres que buscan un aborto, así como para los médicos y otras personas involucradas en el proceso.
Además, existe una Ley General de Salud a nivel federal que aborda cuestiones relacionadas con la interrupción del embarazo.
Dado que México es una república federal, cada estado tiene su propia legislación penal. Reformar estos códigos penales para despenalizar el aborto es un proceso que puede llevar tiempo.
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La decisión de la Suprema Corte
La Suprema Corte de México determinó que las normas que penalizan el aborto son inconstitucionales y ordenó al Congreso reformar el Código Penal Federal antes de diciembre. Esta decisión se considera un avance desde la sentencia de 2021 que anuló la ley en el estado de Coahuila que consideraba delito el aborto.
El alcance de la nueva decisión
Una vez reformado el Código Penal Federal, los hospitales y clínicas dependientes de organismos gubernamentales estarán obligados a ofrecer servicios de interrupción de embarazo. Sin embargo, esta sentencia no abarca los hospitales locales en estados donde el aborto aún se considera delito.
Estados con aborto despenalizado y restringido
En la Ciudad de México y en varios estados, se autoriza la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. No obstante, en otros estados, las mujeres pueden enfrentar obstáculos para acceder a este procedimiento.
Desafíos futuros
A pesar de la anticipada reforma del Código Penal Federal, la implementación de servicios de interrupción del embarazo en hospitales y clínicas federales podría enfrentar resistencia y desafíos económicos.
Con información de: latimes.com
